El director general del IDAE ha participado en el webinar que UNEF ha organizado para explicar las líneas de apoyo al autoconsumo fotovoltaico del Plan de Recuperación.
Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha señalado que el autoconsumo es una manera de entender cómo se consume y se genera la energía, y que ha venido para quedarse al tiempo que ha señalado que es tanto una solución al cambio climático como una herramienta para la recuperación económica.
El responsable del IDAE ha hecho estas declaraciones durante el webinar que UNEF ha organizado junto a este Instituto para explicar las líneas de apoyo al autoconsumo aprobadas por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y recogidas en el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio.
Para Groizard las inversiones verdes son las que a repercuten mejor en la economía y en el empleo, de ahí que sean una prioridad en el Plan. Además, este tiene que ser coherente con la estructura económica del país donde priman autónomos y pymes y este es un punto que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar estas líneas de ayudas, ha señalado.
El Real Decreto concede 660 millones de euros, ampliables a 1.320 millones hasta el 31 de diciembre de 2023, en ayudas para instalaciones de autoconsumo -hasta 900 millones-, almacenamiento detrás del contador -hasta 220 millones- y climatización con energías renovables -hasta 200 millones). `
En lo que se refiere al autoconsumo fotovoltaico, ha subrayado que estas subvenciones “son inversiones muy significativas” que en un plazo de tiempo muy corto pueden multiplicar por varias veces toda la capacidad de generación ya instalada. “Queremos trabajar con el sector para que no solo se beneficien unas empresas si no que el plan tenga capilaridad en la sociedad y en el territorio”, ha indicado.
En este sentido, ha insistido en que el autoconsumo es una medida de sensibilización, que hace al usuario consciente del uso de la energía, y también de formación energética. De ahí que el RD incluya la obligación de que todas las instalaciones subvencionadas incluyan un sistema de monitorización en el que pueda verse, y comprobarse, su rendimiento.
Por otra parte, el director general del IDAE ha recalcado que “no solo es importante el cuánto se subvenciona o a quién sino el cómo y lo que hay que detrás”. En esta línea, ha afirmado que hay que buscar la calidad de las instalaciones y de los componentes. Por eso, también, se exige que a partir de 100 KW todas las inversiones incluyan un plan estratégico en el que figure indique el origen y el lugar de fabricación de los equipos, los criterios de impacto ambiental para seleccionar los equipos y materiales, su durabilidad o garantías del fabricante y una justificación de que cumplen el principio europeo de no causar un daño significativo.
Todo ello, ha explicado, en orden a reforzar el apoyo de la cadena de valor ‘marca España’ y de facilitar el impacto de las ayudas sobre el tejido productivo español. “Es una ayuda a la recuperación económica y, por tanto, pido al sector que busque el beneficio y el ahorro para el consumidor y el apoyo a la industria nacional”. Y es que estas ayudas, ha remarcado, deben también ir orientadas a incorporar sus beneficios sobre el empleo. De hecho, en general, no solo en autoconsumo fotovoltaico, permitirán crear más de 25.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, según el Gobierno.
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) se encargará de coordinar las actuaciones y de hacer un seguimiento de su evolución pero las subvenciones serán administradas y tienen que ser convocadas por las comunidades y ciudades autónomas.
Al respecto José Donoso, director general de la Unión Español Fotovoltaica ha insistido en que este proceso tiene que ser ágil para evitar paralizaciones en el sector. “Desde UNEF -ha añadido- vamos a seguir trabajando para eliminar todas las barreras que pueden ralentizar los procedimientos para llevar a cabo instalaciones de autoconsumo”.
En este sentido, ha explicado cómo el requisito de la licencia de obras puede llegar a ralentizar el proceso de instalación hasta ocho meses. Por eso UNEF trabaja para su sustitución por una declaración responsable o una comunicación previa, un hito que ha conseguido ya en once comunidades autónomas.
