Durante el año 2024, España ha alcanzado las 220.000 unidades de vehículos eléctricos en circulación, lo que representa un crecimiento anual de entre el 35% y el 40%, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Este crecimiento refleja el compromiso del país con la movilidad eléctrica, impulsado tanto por incentivos gubernamentales como por la creciente concienciación del sector privado sobre la necesidad de reducir sus emisiones de carbono. Las políticas públicas, como el Plan Moves III, han jugado un papel fundamental al ofrecer ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga.

Aunque el crecimiento de la movilidad eléctrica es un hecho en España, uno de los principales obstáculos para su adopción masiva sigue siendo la insuficiencia de infraestructuras de recarga, una barrera que afecta tanto al consumidor general como a las empresas con flotas corporativas.

Objetivo 2030: 100.000 puntos de recarga
España cuenta actualmente con aproximadamente 30.000 puntos de recarga, de los cuales una proporción significativa se encuentra en áreas urbanas y zonas de gran tránsito. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, esta cifra debe triplicarse para 2030, alcanzando al menos 100.000 puntos de recarga para cubrir la demanda esperada. La brecha entre el número de vehículos eléctricos y los puntos de recarga disponibles es crítica para el desarrollo de la movilidad eléctrica, especialmente en el ámbito empresarial.

Las empresas que apuestan por electrificar sus flotas se enfrentan a una doble problemática: por un lado, la necesidad de disponer de puntos de recarga accesibles y, por otro, la gestión eficiente de estos puntos para evitar tiempos de inactividad.

Descabonización de las flotas
La sostenibilidad es uno de los principales motores detrás de la electrificación de las flotas empresariales. Según el estudio Advanced Fleet, el 75% de las compañías españolas considera prioritaria la reducción de la huella de carbono de sus flotas, un enfoque que cobra especial relevancia en las grandes áreas urbanas como Madrid y Barcelona, donde las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ya imponen restricciones a los vehículos más contaminantes.

El gobierno español aspira a que el 30% de los vehículos sean eléctricos para 2030
A pesar del crecimiento de la red de recarga, sigue existiendo una concentración excesiva en áreas urbanas, lo que deja desatendidas grandes áreas rurales y zonas industriales. Además, la mayor parte de los puntos de recarga actualmente instalados son de carga lenta, lo que incrementa los tiempos de inactividad de las flotas eléctricas, un problema crítico para las empresas que dependen de la movilidad para su operativa diaria.

El gobierno español ha establecido como meta que el 30% de los vehículos en circulación sean eléctricos para 2030, lo que requiere no solo de incentivos económicos, sino también de una fuerte inversión en infraestructuras y una mayor colaboración público-privada.