El nuevo Informe IPM “¿Para qué sirven las energías renovables? Una alternativa energética para la recuperación económica”, elaborado por la Oficina de Javier García Breva, afirma que confiar la seguridad energética de un país a los recursos energéticos centralizados es mantener un modelo energético sin competencia, caro y deficitario, ineficiente y contaminante.
El reto más importante de la descarbonización no debería ser el objetivo de instalar 59 GW renovables sino cómo aproximar la generación al consumo. Para ello habría que desagregar y equilibrar los objetivos de generación centralizada a gran escala y los objetivos de generación distribuida, aquella que cada consumidor puede controlar. Y es que tal y como dicta el informe: “alcanzar el objetivo de un mix 100% renovable no será creíble si no va acompañado de una iniciativa dirigida al autoconsumo con almacenamiento en los tejados a través de comunidades de energías renovables que gestionen sus propias redes de distribución, de agregadores independientes y de la transformación del parque inmobiliario en edificios de consumo de energía casi nulo con carga inteligente de vehículos eléctricos”
La regulación debería mirar antes a la demanda que a la oferta de energía. Si no, ¿cuándo se podrán beneficiar los consumidores de las ventajas del autoconsumo y de los contadores inteligentes, o de la bajada de los precios por la mayor integración de renovables? La transición energética, ecológica y justa, dependerá de que cada uno de nosotros podamos convertirnos en consumidores activos.
Objetivos nacionales de flexibilidad energética
El Reglamento (UE) 2019/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima, establece que los planes integrados de energía y clima (PNIEC) deberían incluir objetivos nacionales de aumento de la flexibilidad del sistema energético por medio del despliegue de la generación distribuida, gestión de la demanda, almacenamiento, redes inteligentes, mecanismos de despacho y señales de precio en tiempo real; además de objetivos para que los recursos distribuidos participen, de forma no discriminatoria, en todos los mercados de energía a través de la agregación.
Pero una vez más, tal y como señala el informe de la Oficina de Javier García Breva: “El PNIEC 2021-2030 que España presentó a la Comisión Europea carece de objetivos cuantificados de generación distribuida, capacidad flexible, agregación o gestión de la demanda porque está pensado para un modelo de generación centralizada. La prioridad son los objetivos de renovables y no la eficiencia energética, como se observa en la regulación de las subastas”
Equilibrar el sistema eléctrico con más generación distribuida
En 2019 la desproporción entre la nueva potencia renovable a gran escala y la de autoconsumo fue gigantesca y sin objetivos de autoconsumo es probable que aumente por las barreras al almacenamiento en baja tensión, a la agregación independiente o a la municipalización de la red eléctrica de baja tensión. Lo que hace necesario equilibrar el mix estableciendo objetivos específicos de generación distribuida para poder desarrollar recursos energéticos distribuidos y crear mercados de capacidad flexible en los que compitan nuevos actores.
El autoconsumo no tiene límites
En plena pandemia el autoconsumo fotovoltaico con excedentes y compensación se ha multiplicado 14,3 veces, mientras que el autoconsumo fotovoltaico en todas sus modalidades lo ha hecho 4,4 veces, aumentando de 22 MW a 98 MW en solo seis meses.
En el mundo avanzan las energías renovables aplicadas en los centros de consumo como instrumentos de eficiencia energética con el control del consumidor.
“No se deben poner límites al autoconsumo ni a los recursos energéticos distribuidos sino objetivos, porque van a ser decisivos para la descarbonización a largo plazo. Si se quiere avanzar en la lucha contra el cambio climático lo que hay que limitar son las renovables especulativas y las barreras a la competencia”, sentencia Javier García Breva.
No se trata de una utopía sino de tecnologías competitivas reconocidas en las leyes europeas que deben trasladarse a los objetivos de la planificación energética y de la ordenación del territorio como nuevos derechos de los consumidores activos. Porque de ello va a depender el éxito de la descarbonización de la economía.
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