Tras más de dos años de espera, globos sonda y un parón casi total en el sector fotovoltaico debido a una intencionada incertidumbre regulatoria, el Gobierno ha dado el visto bueno al real decreto de autoconsumo, bautizado con el burocrático nombre de ‘Real Decreto por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción con autoconsumo’.

El texto al que ha dado luz verde el Consejo de Ministros mantiene el polémico peaje de respaldo y los cargos tanto en la generación de energía como en la potencia instalada, así como la limitación al uso de baterías. Tampoco se regula el balance neto, verdadera esencia del autoconsumo. Otro de los extremos que queda descartado es el autoconsumo colectivo, es decir, el de las comunidades de viviendas, cuyos vecinos no se podrán beneficiar de esta modalidad compartida de consumo eléctrico.

Pequeñas instalaciones
Entre las novedades positivas que aporta el texto destaca la referida a las instalaciones de sistemas de autoconsumo de menos de 10 kW, que son los utilizados en viviendas y pequeñas empresas. El real decreto libera a esas instalaciones de algunos cargos y facilita su tramitación, así como las condiciones administrativas que deben cumplir. En concreto, se exime del pago del peaje en el término variable asociado al coste de la energía, pero no en el fijo. Lo mismo sucede con las instalaciones de autoconsumo que se pongan en marcha en Canarias, Baleares y otros territorios extrapeninsulares (Ceuta y Melilla), que quedan exentas de estos cargos. Se trata de territorios donde la generación convencional es mucho más costosa que en el resto de España.

Es en estos dos sectores –viviendas junto a islas y territorios extrapeninsulares– donde presumiblemente enfocarán sus esfuerzos las empresas del sector fotovoltaico. Es quizás un consuelo menor pero es seguro que el mercado se reactivará y las instalaciones comenzarán a crecer.

Impedir que se “disparen los costes”
Mucho se ha hablado de la repercusión que podría tener el autoconsumo en el sistema. Las grandes eléctricas y el propio Gobierno, recogiendo el argumento de las compañías, ha calificado en repetidas ocasiones de “insolidarios” con el sistema a aquellos que optaran por el autoconsumo. El mantra de que un autoconsumo disparado podría llevar a una nueva escalada de los costes del sistema y la vuelta al déficit de tarifa se ha repetido hasta la saciedad. Ese es el motivo que ha llevado al Ejecutivo a incluir en el RD de forma explícita que la CNMC alertará de posibles desajustes en los costeas para que, a continuación, el Gobierno tome medidas al respecto. 

Pero no debemos olvidar que asociaciones como UNEF han demostrado de forma fehaciente que la repercusión real que tendría el desarrollo del autoconsumo sobre los costes del sistema sería ínfima: cada 100 MW de autoconsumo (el año pasado tan sólo se instalaron 22 MW fotovoltaicos en total), supondrían una merma de 0,01% en los ingresos del sistema, es decir, 2,2 millones de euros. Además, los beneficios que conlleva la extensión del autoconsumo y el ‘aplanamiento’ de la curva de demanda, la reducción de los picos de consumo, ahorros en transporte y distribución, reducción del precio pool en las horas pico, bajada de las emisiones de CO2 son evidentes.

Ni rastro del balance neto
El texto legal tampoco menciona en ningún momento la posibilidad de realizar balance neto a los consumidores que opten por el autoconsumo. De hecho, dejar de lado esta opción supone cercenar una de las mayores ventajas que ofrece el autoconsumo para ganar en independencia energética de los combustibles fósiles, mejorar la eficiencia energética y contribuir al desarrollo de un verdadero modelo energético alternativo al tradicional. Nadie esperaba su aprobación pero su exclusión demuestra la total falta de voluntad del Ejecutivo por fomentar el autoconsumo y limitarse a poner todas las trabas legales y económicas posibles a su crecimiento. De este modo, la exclusión del balance neto da la razón a todos aquellos colectivos que han calificado esta regulación como un arma para impedir el autoconsumo y no para fomentarlo.

Reacciones
Las asociaciones y organizaciones del sector renovable han clamado contra la nueva normativa desde que se comenzaron a conocer los borradores del texto que finalmente hoy ha sido aprobado en Consejo de ministros. Para Anpier, el real decreto pasará a la historia “como una de las normativa más esperpénticas de la democracia española, al haber sido impuesto sin consenso político ni territorial, sobre argumentos falaces y sin la legitimación social exigible para todas aquellas disposiciones que impactan de una manera tan crítica sobre el tejido productivo y el bienestar social”.

Anpier considera que, “tras el esfuerzo económico realizado por las 62.000 familias españolas que han logrado madurar la generación fotovoltaica y hacerla accesible al ciudadano, el RD de autoconsumo constituye una barrera normativa para evitar que ciudadanos y pymes puedan producir energía, penalizando esta opción a través de cargas -tanto por la energía auto consumida como por la potencia instalada- y vericuetos burocráticos que disuaden de este tipo de iniciativas en un país, España, que tiene en el sol un activo que habría de ser irrenunciable, porque aportaría ventajas competitivas inmediatas para las empresas española, empleo y riqueza, así como una mayor renta disponible para el ciudadano que optara por esta modalidad de generación-consumo”.