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energético, frente a los que las consideran fiables y acceden a los mercados con mayor confianza. Entendiendo la justicia, en armonía con Ulpiano, como la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho, los productores fotovoltaicos esperamos que el Estado restaure la situación que nos garantizó y motivó nuestras inversiones para, de esta manera, recuperar la verdadera seguridad jurídica. Porque los pequeños productores fotovoltaicos llevamos más de una década asumiendo retos que benefician al entorno natural y a la sociedad. El Estado español solicitó nuestro esfuerzo inversor para el desarrollo de la tecnología fotovoltaica y, en tiempo récord, hemos logrado que esta modalidad de generación sea competitiva en precio y accesible al ciudadano. Sin embargo, nuestro colectivo, lejos de recibir elogios por cumplir con lo establecido en un BOE, ha soportado infinidad de calumnias, vertidas con la intención de procurar el desprestigio social necesario que permitiera cercenar, sin reproche ciudadano, la viabilidad de nuestras instalaciones, con recortes retroactivos inmisericordes y moratorias que paralizaban el desarrollo del sector renovable. Quid prodest? Mientras, las grandes empresas del sector energético mantienen su lucrativo modelo de negocio, gracias a una normativa que favorece las tecnologías fósiles y nucleares, y sobre la falsa creencia social, interesadamente inducida, de que las renovables aún no son la solución definitiva a los grandes retos energéticos. Nos tememos que, una vez apurada al máximo la rentabilidad de los activos fósiles y nucleares, los corifeos que ahora estigmatizan a las renovables cantarán sus excelencias y trovarán en favor de un nuevo modelo energético, al compás de nuevas tendencias normativas que, a buen seguro, velarán por los intereses y la seguridad jurídica de los operadores tradicionales. Sin embargo, aquellos que hicimos posible esta revolución tecnológica, una vez condenados al ostracismo, contemplaremos cómo este esfuerzo no habrá servido para alcanzar todos los frutos esperados por nosotros y por la ciudadanía, que no se atreverá a intentar participar del mercado energético, blindado por farragosas normativas y minado por el recuerdo de lo que BALANCE 2016 Y PERSPECTIVAS 2017 ocurrió con aquellos que un día osamos procurar la socialización de la generación energética y no resignarnos a ser meros consumidores. En 2016 los fotovoltaicos volvimos a recorrernos España, en nuestro Camino del sol de cada año, y hemos podido comprobar que muchas cosas han cambiado, que la sociedad empieza a reconocer nuestra labor, a saber que las renovables son esenciales para iniciar una transición energética, que sustituya el modelo de generación fósil para evitar el cambio climático. El nuevo marco político es mucho más sensible a lo que ha ocurrido en nuestro sector y al drama financiero de las 62.000 familias fotovoltaicas españolas, y se están tendiendo puentes que nos hacen albergar la esperanza de que, quizá, haya llegado el momento de que se haga justicia, porque, ahora, gracias al sol y a los progresos de la tecnología fotovoltaica, los españoles podemos volver a producir nuestra propia energía o, al menos, parte de ella y dejar de ser meros consumidores; algo que, en realidad, no es nuevo, nuestros padres recordarán perfectamente cómo, no hace tantas décadas, ya se recurría a la fuerza motriz de viento, a la tracción animal y a la capacidad calorífica de la madera para producir bienes y calentar los hogares. Las 62.000 valientes familias españolas pioneras en la generación fotovoltaica —ahora defenestradas por draconianos recortes retroactivos en la tarifa regulada que les correspondía— no solo han logrado madurar esta tecnología y ponerla al servicio de la Sociedad, sino que han demostrado que las pequeñas y medianas iniciativas pueden participar del mercado energético con absoluta fiabilidad, añadiendo las bondades que otorga la socialización de los ingresos del propio sistema eléctrico. Desgraciadamente, durante el año, hemos vuelto a constatar como los actores del “viejo modelo” se niegan a compartir lo que parece que consideran un mercado exclusivo y ralentizan la transición renovable, para exprimir sus obsoletas y contaminantes instalaciones y fuentes de generación. Son las administraciones las que deben asumir la responsabilidad de definir el nuevo marco energético, obviando la presión de los monopolios y procurando el beneficio de los ciudadanos, que ahora tienen la posibilidad, y deberían tener también el derecho, de producir energía; algo que solo será posible si se restaura la confianza traicionada por el Estado al “obsequiar” a los primeros productores con inseguridad jurídica y normas retroactivas. Todas nuestras esperanzas están puestas en el 2017, esté ha de ser el año en el que se restauren nuestros derechos y se sienten las bases de una verdadera política de energética de Estado, que acelere el cambio de modelo energético, electrifique la economías sobre generación eléctrica de origen renovable y permita a las ciudadanía participar en la generación, a través de cualquiera de las múltiples modalidades que ofrece la fotovoltaica �� 71 energética XXI · Nº 162· DIC16


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