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BALANCE 2018 PERSPECTIVAS 2019 de rendimientos energéticos es la Empresa de Servicios Energéticos quien acomete las inversiones en el equipamiento necesario, evitando de esta manera que el cliente soporte la inversión en su balance. A pesar del modelo teórico, las reglas de Eurostat marcaban (hasta mayo de 2018) que la inversión necesaria computaba también para las administraciones públicas, independientemente de que la ESE hubiese realizado la inversión inicial. Por tanto, la administración pública no podía acometer este tipo de proyectos que requieren una inversión inicial alta (mayor que en los proyectos alumbrado público) sin que computase como deuda y esto ha provocado una paralización de este tipo de proyectos hasta el momento. El potencial del sector público Por otra parte, es fundamental mencionar el potencial existente en el sector público. La cuota de mercado por cubrir en este ámbito es importante y además los objetivos de ahorro de energía 2020-2030 ya están encima de la mesa. Por otro lado, han surgido normativas y numerosos estudios que analizan las posibles implicaciones de las políticas energéticas actuales de cara a 2050. Hay un denominador común: la eficiencia energética. Cada vez es más habitual escuchar este término en diferentes ámbitos: político, social, comercial, etc. pero ¿cómo se materializa este concepto para conseguir ahorros energéticos y optimizar la demanda? Desde ANESE estamos seguros de que las ESEs pueden dar respuesta a esta pregunta, pero es necesario un impulso normativo que incentive al sector público a acometer proyectos de eficiencia energética. Nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios En este sentido, tenemos que hacer mención a la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. En mayo de este año se publicó la Directiva (UE) 2018/844, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética en lo concerniente a los edificios. Esta Directiva está centrada en el rendimiento energético de los edificios y parte de la premisa del objetivo de eficiencia energética para 2030, que es del 32,5%. La Comisión Europea espera que parte de los ahorros energéticos provengan de la renovación y de las medidas de eficiencia energética en edificios. Para ello, las directrices que marca este documento están centradas en crear reglas para facilitar el entendimiento de la factura por parte del usuario final de manera que entienda el uso que está haciendo de su energía. Se focaliza principalmente en la asignación de costes de calefacción, aire acondicionado y consumo de agua caliente sanitaria en edificios con usos compartidos y/o de múltiples propietarios (incluyendo edificios residenciales). Real Decreto-Ley 15/2018 También tenemos que hacer mención al Real Decreto-Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, en vigor desde el 5 de octubre de 2018. Este real decreto no menciona específicamente ninguna medida directa en referencia la renovación energética de los edificios públicos, pero indirectamente abre la puerta a impulsar medidas de eficiencia energética en los mismos, en concreto gracias al impulso del autoconsumo y en especial, gracias al reconocimiento legal del autoconsumo compartido, que permitirá a los usuarios gestionar su propio uso energético y de esta forma ser conscientes de su consumo. La apuesta por el autoconsumo compartido en las administraciones públicas ha de ser vista como una oportunidad de negocio. Las cubiertas de algunos edificios públicos (ministerios, hospitales, colegios, polideportivos, etc.) pueden ser una excelente fuente de energía si se instalan placas solares. La energía generada podría ser utilizada por el propio uso del edificio, mientras que en periodos donde no haya demanda propia esa energía podría ser vendida a los edificios colindantes, especialmente durante los fines de semana, donde algunos edificios administrativos permanecen cerrados y los edificios residenciales aumentan su consumo. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es cada vez más una realidad y se prevé que llegue a funcionar como un instrumento clave para garantizar la consecución de los compromisos de España ante la UE en materia de energía y clima en el marco del Acuerdo de París contra el calentamiento global. Sobre esta ley, y desde nuestra asociación, esperamos que realmente defina un marco institucional único para facilitar la agilidad y coherencia de todas las actuaciones que se lleven a cabo en esta materia, y que promueva las medidas que tengan una mayor capacidad para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, de participación de las renovables y de incremento de la eficiencia al menor coste, al igual que pueda fomentar la actividad económica, la competitividad y la creación de empleo �� energética XXI · 182 · DIC18 73


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