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SOLAR FOTOVOLTAICA España en la transición energética: claves para un futuro 100% renovable en 2050 La futura ley de cambio climático perfila un horizonte “descarbonizado”. Con la entrada en vigor de dicha ley no se otorgarán nuevas autorizaciones para explotaciones y se trazará una “hoja de ruta” hacia una generación 100% de origen renovable. FERNANDO TRENADO AVIVAR DESARROLLO DE NEGOCIO Y PROMOCIÓN EN PRODIEL Con el inicio del siglo XXI aparece la publicación de la Ley 54/97, donde se regulan las bases para la liberalización del mercado eléctrico, cuyos precios hasta la fecha habían sido establecidos por el Gobierno. Más concretamente, la directiva de la Comisión Europea 2009/28 fijó unos objetivos para la cuota de energía procedente de fuentes renovables muy ambiciosos para esta fecha; la conocida estrategia 20/20/20 y lo que aquí nos dedica más atención, alcanzar el 20 por ciento de generación eléctrica de origen renovable. Dentro de esta vorágine legislativa que nos circunda en los últimos años, es palpable la evolución en el ámbito puramente fotovoltaico. No está de más recordar que la mayor parte de los módulos que se están instalando se clasifican como ‘residuo no peligroso’. Estrategias para el cumplimiento de objetivos En base a lo establecido por la Comisión Europea sobre ayudas de Estado para la realización de nuevas subastas y para el otorgamiento del derecho a la percepción de un régimen retributivo específico, se organizaron recientemente dos subastas y se perfilan otras en la próxima década con más de 30.000 MW de potencia acumulada a instalar: En la primera de ellas, se adjudicó un régimen retributivo razonable a 2.980 MW eólicos, 1 MW fotovoltaico y 19,3 MW a otras tecnologías. Este desequilibrio entre tecnologías fue recurrido ante el Tribunal Supremo de Justicia por la asociación fotovoltaica UNEF, mencionando que “el criterio de ordenación de proyectos por horas de funcionamiento asignadas por parte del Ministerio se había realizado de forma aleatoria”. En la segunda subasta, se incluyeron modificaciones en las bases y permitieron una penetración de la fotovoltaica de 3.939 MW. Sin embargo, el actual modelo de subasta no garantiza una retribución a largo plazo frente al inversor, ya que el precio permite ser revisado cada semi período de 3 años y cada período de 6. Además, con la declaración de especial interés a determinados proyectos de carácter renovable, la Administración pretende dar mayor agilidad y simplicidad al procedimiento, pero se presenta un “cuello de botella” al no poder garantizarse el tiempo en el que estarán listas las conexiones para la evacuación de la energía generada. Otra iniciativa que ha generado grandes expectativas en el sector ha sido la publicación del borrador del real decreto de acceso y conexión a red. Medidas como la caducidad en el tiempo de los permisos de acceso y conexión a red, la obligación de la localización del proyecto o la creación de la figura de interlocutor único de punto (últimamente puesto en cuestión,) que debe agilizar los trámites y evitar la especulación. Desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) se percibe una estrategia para el cumplimiento de los objetivos que se nos marcan desde Europa con iniciativas como el RD 15/2018, que propone una serie de medidas urgentes para la transición energética, la conocida como Ley Ribera. En ella se persiguen, entre otros objetivos, la finalización de los proyectos en el que se elevan los avales a depositar como paso previo a la solicitud de acceso y conexión a red desde los 10 a los 40 ��/kWp, el adelanto del 10 por ciento sobre las instalaciones eléctricas o la obligación de ir acreditando los hitos de avance en los proyectos. La futura ley de cambio climático perfila un horizonte “descarbonizado”. Con la entrada en vigor de dicha ley no se otorgarán nuevas autorizaciones para explotaciones y se trazará una “hoja de ruta” hacia una generación 100% de origen renovable. Un dato importante es la previsión del Gobierno de la entrada superior a los 100.000 millones de euros de inversión privada en la próxima década, y se me ocurre pensar… ¿vendrá acompañada la estabilidad y credibilidad del soporte jurídico tan olvidado, pero tan necesario, y que ha olvidado las retroactividades…? ¿tendremos esta agilidad en la tramitación y la complicidad de los organismos afectados?, ¿recuperarán los bancos la confianza en la rentabilidad mantenida de los proyectos? Particularmente creo que sí, ya que nos encontramos en el mejor momento de los últimos 15 años �� energética XXI · 181 · NOV18 55


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