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La Comisión de Expertos propone alargar 10 años la vida de las nucleares

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La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética ha concluido su trabajo -que ha sido presentado al Gobierno por su presidente, Jorge Sanz- con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que lo convierte en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el Cambio Climático.

Los análisis realizados por el informe apuntan a que el gas natural jugará un papel importante en 2030, pero su importancia se reducirá en 2050; año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento. Esta circunstancia -explica el estudio- exige reflexionar sobre las inversiones que sea necesario acometer en los próximos años y que pudieran no disponer de un plazo suficiente para su recuperación.

 

Cerrar las nucleares incrementaría el precio
Con respecto a la extensión de vida de las centrales nucleares, el Informe detalla los principales impactos: (i) supondría un incremento de las emisiones de CO2 del sector eléctrico entre 9,6 y 15 MtCO2, lo que equivaldría a duplicar sus niveles respecto del año base; (ii) se incrementaría el precio del mercado eléctrico en torno a un 20% (entre 2.000 y 3.000 M€ al año); (iii) no incrementaría la cuota de renovables de forma significativa (del 29,7% actual a 30,6%) y (iv) el índice de cobertura de la demanda máxima de potencia, en ciertas condiciones extremas, podría caer hasta 0,86 (cuando el objetivo es 1,1), lo que exigiría acometer inversiones en potencia firme adicional.

El estudio explica que si la vida útil de las centrales nucleares acaba al cumplir 40 años, con la actual rentabilidad de Fondo que gestiona ENRESA y con la tasa que pagan las empresas titulares de instalaciones de generación, existirá un desequilibrio entre ingresos y gastos; pero dicho desequilibrio desaparecería simplemente alargando la vida de las centrales a 50 años. La Comisión de Expertos propone, además, que el Gobierno revise cuanto antes el Plan General de Residuos Radioactivos para reducir la incertidumbre que pesa sobre el equilibrio financiero del Fondo con el que se cubrirá el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos.

En lo que respecta a la generación con carbón, el Informe apunta a que el modelo refleja que, con los precios de los combustibles del escenario central y el precio del CO2 de 50€/t previsto en el mismo, la participación de esta tecnología en el mix eléctrico sería nula.

El Informe contempla la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación “que, pudiendo ser hoy redundantes, podrían ser necesarias en pocos años, cuando se recupere la demanda de electricidad”. “Mantener hibernadas estas centrales -explica el presidente de la Comisión- puede ser una opción menos costosa para el consumidor que construir centrales nuevas dentro de unos años”.

También se propone el desarrollo de una regulación específica para impulsar la generación distribuida y para hacer posible la agregación de los recursos distribuidos (gestión de la demanda, generación y almacenamiento).

 

Revisión de los peajes de acceso e ineficiencia del autoconsumoÇ
La Comisión apunta también a una revisión de los peajes de acceso “para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara respecto de otros vectores energéticos alternativos (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables más eficientes”, detalla Sanz.

Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva ineficientemente el autoconsumo eléctrico. Ello se debe a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recuperan a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados. “Ello supone una subvención implícita al autoconsumo que puede dar lugar a transferencias de renta regresivas, debido a la diferente capacidad adquisitiva entre los consumidores que pueden instalar paneles en sus tejados y los que no pueden, y a inversiones ineficientes, ya que la generación solar fotovoltaica es más eficiente hoy que la distribuida, gracias a las economías de escala”, apunta Sanz.

La Comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (fuente de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo.

 

Fiscalidad
El Informe evidencia las deficiencias del modelo fiscal español y apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por el Reino de España con la UE en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales o, lo que es lo mismo, por ‘el que contamina paga’.

Con este escenario, las simulaciones realizadas por la Comisión apuntan a un abaratamiento significativo de la electricidad (casi el 7% para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo; especialmente, del gasóleo (28,6%). La gasolina subiría menos de un 2%. Estas modificaciones de precios -explica el Informe- son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual.

En este capítulo fiscal, propone también ‘sacar’ de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables (eléctricas y biocombustibles) y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Y que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).

Noticias sobre política energética y normativa | Publicada por Javier Monforte | 02 de abril de 2018 | 164

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