Las empresas del sector fotovoltaico están llevando a cabo un importante esfuerzo para garantizar el funcionamiento de su actividad en todas las etapas de la cadena de valor de la tecnología, desde los fabricantes de materiales y estructuras, hasta los desarrolladores de proyectos, al tiempo que dan todos los pasos necesarios para limitar al máximo el impacto del COVID-19 a nivel humano, social y económico. La continuidad de la actividad de las empresas fotovoltaicas es fundamental porque permite, por un lado, que las plantas fotovoltaicas ya en funcionamiento sigan suministrando energía, y por otro, que siga adelante la construcción de los nuevos proyectos, elemento fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y de los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático.

En este sentido, entre las medidas puestas en marcha en aras de garantizar la seguridad y la salud de los profesionales, destacan la reducción al mínimo posible del personal presente en las obras de construcción de nuevos parques, procurando que se trate de personal local para evitar desplazamientos de otras regiones.

En el caso de empresas que se encargan de la operación y el mantenimiento de las plantas fotovoltaicas ya existentes, se está impulsando el uso del vehículo personal con un único ocupante y se está proporcionando a los profesionales equipos de protección individual, como mascarillas o guantes.

Adicionalmente, al cierre de las oficinas y la implementación del teletrabajo para personal administrativo, técnico y comercial, entre otros, se le une la suspensión de los desplazamientos de los instaladores de infraestructura de autoconsumo fotovoltaico, con el fin de evitar su exposición al riesgo de contagio. No obstante, el seguimiento del rendimiento de estas instalaciones continúa con normalidad a través de herramientas online.

Todas estas medidas de prevención, unidas a la información sobre las normas higiénicas a respetar, garantizan el compromiso con la seguridad y la salud de los trabajadores, al tiempo que se asegura la continuidad de un sector fundamental para la economía española, que en estos primeros tres meses de 2020 generó 2.354 GWh de energía limpia, que emplea a más de 29.000 personas y que contribuye al PIB nacional en más de 5.000 millones de euros.

Desde UNEF piden que, considerado el importante papel que el sector fotovoltaico desempeña en la lucha contra el cambio climático y la riqueza del tejido industrial asociado, el Gobierno considere su sector como “actividad estratégica” en el caso de que tenga que tomar medidas más estrictas para frenar la expansión del COVID-19.