El sector del biodiésel en España no logra levantar cabeza. Casi un año y medio después de la entrada en vigor de las medidas antidumping adoptadas por la Unión Europea para frenar la entrada masiva de biodiésel procedente de Estados Unidos, el mercado español vuelve a estar básicamente dominado por importaciones desleales, ahora procedentes en su mayoría de Argentina. En este contexto, el 75% de las 46 fábricas de biodiésel abiertas en los últimos años están prácticamente paradas, con un ratio medio de funcionamiento del sector del 10%. Además el retraso que acumula la aprobación por parte de Industria del Real Decreto de especificaciones técnicas de los carburantes está impidiendo incrementar la incorporación de bioetanol y biodiésel en las gasolinas y gasóleos, respectivamente. Esta demora hace ya materialmente imposible el cumplimiento de la obligación global de biocarburantes del 5,83% fijada para 2010, con los consiguientes perjuicios medioambientales y socioeconómicos que ello supone.
Examinando con más detalle las cifras oficiales del primer trimestre de 2010, destaca poderosamente el hecho de que el 61% de las importaciones de biodiésel provienen de Argentina, llegando las mismas a superar las 100.000 toneladas en este período, cuando sólo un año antes eran inexistentes. Desgraciadamente, se confirman así los augurios que APPA Biocarburantes hizo en 2009 al prever que llegaríamos a la situación actual de no adoptarse medidas estructurales contra la competencia desleal.
La avalancha de biodiésel procedente de Argentina tiene su origen en el sistema de tasas diferenciales a la exportación (TDE) que aplica el Gobierno de aquel país, que grava la exportación de aceite de soja con una tasa del 32% mientras que el biodiésel producido con dicha materia prima sólo soporta una tarifa del 18%. Ello provoca una evidente distorsión comercial en favor de la producción y exportación de biodiésel de Argentina, un hecho agravado, si cabe, por el injustificado trato preferencial que la UE da al biodiésel argentino, exento de pagar el arancel del 6,5% aplicable con carácter general a toda entrada comunitaria de biodiésel.