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¿Cómo contribuye la red eléctrica a la transición energética?

Ana García, CONTENT MARKETING SPAIN

El consumo de energía preocupa cada vez más a los ciudadanos, razón por la cual cada vez son más quienes se decantan por las energías 100% renovables, como las que se ofrecen en la compañía energética Energya. Por este motivo, se ha elaborado un informe que repasa temas como la energía eléctrica y la descarbonización de la economía. En este estudio se han extraído los siguientes datos.

Aspectos que influyen a la hora de cumplir los objetivos medioambientales de la UE

Cumplir los objetivos medioambientales que establece la Unión Europea en materia de emisiones, renovables y mejora de eficiencia energética, es un aspecto que depende en gran medida de la electrificación de la economía, la integración de las renovables y la gestión activa de la demanda.

Para la descarbonización de la economía es preciso invertir en nueva capacidad de redes eléctricas que permitan atender el crecimiento de la demanda. Esta transición necesita grandes inversiones en la modernización, digitalización y automatización de la red eléctrica, que den la posibilidad de integrar la gran cantidad de nuevas instalaciones renovables que requiere el sistema eléctrico (35 GW de nueva potencia), la recarga inteligente de millones de coches eléctricos y la gestión de la demanda de millones de hogares conectados, o bien de aquellos que precisen producir su propia energía eléctrica.

Del mismo modo, se requiere aumentar las interconexiones internacionales y de los sistemas insulares del sistema español, garantizando así su seguridad y operación.

La contribución de las redes eléctricas a la transición energética

Para que esta transformación sea posible, es necesario hacer inversiones de entre 38 y 46 mil millones de euros hasta el año 2030, de los cuales 29 y 34 mil millones de euros hasta 2030 han de realizarse por los operadores de redes españoles.

Por otro lado, entre 14 y 15 mil millones de euros se destinarían a la modernización y actualización con nuevas tecnologías de las redes eléctricas, de los que prácticamente la mitad estarían destinados a las redes de baja tensión hasta 2030. Entre 5 y 6 mil millones de euros del total de inversiones se destinarían a la digitalización y automatización, lo que permitiría reducir costes y crear nuevos servicios para los usuarios.

El crecimiento de la demanda permitirá la rebaja en el recibo de la luz

Gracias al fuerte crecimiento de la demanda derivado de la necesaria electrificación, será posible una rebaja en el recibo de la luz, con una reducción del precio de la electricidad de hasta el 35% en el año 2030. Contribuye a ello la desaparición del déficit tarifario y de las ayudas a las antiguas renovables en esa fecha.

Cabe destacar también que el coste de las redes, teniendo en cuenta las inversiones a realizar, así como la tasa de retribución propuesta y el incremento de la demanda eléctrica asociado, se traduciría aproximadamente en un 10% de reducción del componente de redes de la tarifa. Esto se debe a que el incremento de costes será significativamente inferior al de la demanda eléctrica hasta 2030. De forma global, el coste del suministro eléctrico para el consumidor se podría reducir un 30-35% en términos reales entre 2015 (130€/MWh) y 2030 (85-90€/MWh).

A través de las inversiones en estas redes eléctricas modernizadas e inteligentes será posible experimentar una mejora de la calidad del suministro en unas condiciones de operación mucho más exigentes que las actuales.

El impacto en los sectores industriales con alta capacidad de generación de riqueza y empleo

Dichas inversiones en redes supondrían un impacto directo en la economía española (el 95% de la inversión sería servida por la industria nacional), con un alto peso de mano de obra nacional (de entre el 50% y el 60%), y tendrían asociados aproximadamente 40.000 puestos de trabajo de calidad y alta cualificación entre 2018 y 2030. Se impulsaría además la fabricación nacional de equipos de redes, de software, aplicaciones informáticas y sistemas de comunicaciones avanzados. Estos sectores cuentan en España con una industria competitiva.

Hay que tener presente también la importancia para la economía española de las redes eléctricas, ya que estas contribuyen en alrededor del 30% del total del Valor Añadido Bruto, y el 40% de los empleos que aporta todo el sector eléctrico a la economía española.

Una rentabilidad adecuada consistente  con los demás países de la UE

En la regulación se establece que la tasa de retribución financiera ha de responder a una retribución adecuada, que refleje los costes de financiación de operadores de redes comparables y las necesidades de inversión del siguiente período regulatorio. Se propone una tasa de retribución para el siguiente período regulatorio, teniendo presente tanto el coste de capital de los operadores de red en España, como el diferencial medio sobre la deuda soberana reconocido a estas actividades en los países de este entorno.

Con respecto a las tasas de rentabilidad que conseguirían los operadores de redes por esta actividad regulada en España, estas son consistentes con la que se observa de media en el conjunto de los países europeos del entorno, es decir, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, etc.

El informe ha puesto de manifiesto que las inversiones deben de obtener una rentabilidad adecuada, razón por la cual propone una tasa de retribución del 7% para el siguiente período rgulatorio.

Por su parte, el Gobierno tiene que definir en 2019 la tasa de retribución financiera para el próximo período regulatorio (2020-2025) para las distintas actividades del sector. Al respecto de esto, el ministro de Energía mostró ya su intención de aplicar la revisión correspondiente según establece la normativa, que se encuentra vinculada al rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos para el caso de las redes. Razón por la cual la rentabilidad caería respecto a los niveles actuales.

La necesidad de responder a una retribución adecuada

Este estudio señala que la regulación establece que la tasa de retribución financiera debe responder a una retribución adecuada a una actividad de bajo riesgo, al coste de financiación de operadores de redes comparables y a las necesidades de inversión del siguiente período regulatorio.

De modo que se propone esta tasa de retribución del 7% para el próximo período regulatorio, basándose en el coste de capital de los operadores de red en este país, con una media del 7%, así como en un diferencial sobre la deuda soberana de la rentabilidad de estas actividades en los países del entorno de 490 puntos básicos, y una previsión del coste de la deuda española de 2,1%.

Artículos sobre transmisión y distribución | 02 de abril de 2018

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